En España, el polígrafo no es una prueba admitida con valor probatorio en el proceso penal: los tribunales no reconocen sus resultados para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona. No existe una ley que regule específicamente su uso, y tampoco figura como un medio de prueba autónomo en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la práctica, su resultado puede aportarse como parte de un informe pericial psicológico de parte, pero el juez no queda vinculado por él y, en el ámbito penal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo rechaza de forma reiterada por no ser concluyente. Su valor real es extrajudicial: aclarar dudas en el ámbito privado, de pareja o corporativo, siempre con el consentimiento informado de la persona. Además, los datos fisiológicos que registra son datos personales, así que su tratamiento se rige por el RGPD y la LOPDGDD. En resumen: es una herramienta útil fuera del juicio, sin valor de prueba penal.

¿Es legal usar el polígrafo en España?

Sí: usar el polígrafo es legal siempre que sea voluntario y con consentimiento; lo que no tiene es valor de prueba judicial. Al no haber una norma específica que regule la prueba, se realiza en el ámbito privado. La persona debe dar su consentimiento informado y por escrito, y puede negarse o interrumpir la prueba en cualquier momento. Como los registros fisiológicos y el resultado son datos personales, su tratamiento está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD): finalidad concreta, consentimiento y confidencialidad.

¿Por qué no se admite como prueba en un juicio penal?

Porque su resultado no es concluyente: mide reacciones fisiológicas, no la verdad en sí. La American Polygraph Association sitúa la exactitud de las técnicas validadas en torno al 87-89%, y la revisión de las National Academies (2003) confirmó que aciertan por encima del azar pero no son infalibles. Ese margen impide fundar en él una condena o una absolución, por lo que el Tribunal Supremo lo rechaza en el proceso penal.

Entonces, ¿para qué sirve en el ámbito legal o pericial?

Su utilidad es orientativa y extrajudicial. Puede incorporarse a un informe pericial psicológico de parte como un elemento más, o ayudar a una investigación privada a descartar hipótesis y a dirigir la búsqueda de otras pruebas con valor jurídico. Pero nunca sustituye a la valoración del juez ni convierte al polígrafo en una prueba con efecto vinculante. Quien busca una prueba con valor penal debe apoyarse en los medios que sí reconoce la ley.

En mi experiencia, ¿cómo se usa realmente el informe?

En mi experiencia, la mayoría de los informes que emito no acaban en un juzgado, sino que sirven para tomar una decisión personal o resolver un conflicto interno. Recuerdo un caso de una pequeña empresa con sospechas de una filtración: en lugar de acusar sin pruebas, las personas implicadas se sometieron voluntariamente a la prueba, y el informe permitió centrar la investigación y cerrar el asunto sin llegar a los tribunales. Ese es el uso realista del polígrafo en España: una herramienta de apoyo para aclarar la verdad fuera del juicio, no un sustituto de la prueba judicial.

¿Podría cambiar en el futuro?

A día de hoy la posición de los tribunales españoles es clara y estable: sin valor probatorio en vía penal. Cualquier cambio dependería de una reforma legal o de un giro en la jurisprudencia, no de que el equipo sea más moderno. Por eso no conviene contratar la prueba esperando que "valga en un juicio": su función es aclarar la verdad en el ámbito privado, y ahí es donde aporta valor real.